La novela histórica es uno de mis géneros preferidos y
recuerdo con añoranza el tiempo en que me aventuré en la lectura de los
Episodios Nacionales de don Benito Pérez Galdos, @ El Garbancero. Sin entrar a
valorar la calidad literaria de la ingente obra de don Benito es lo cierto que
la lectura me acercó a muchas realidades sociales de la España del XIX que no
aparecen en los textos de historia al uso.
Así como conocí los intentos de modernización de la
Administración Pública con la desaparición de las “covachuelas” de la
existencia de funcionarios “cesantes” al cambiar el color político del Gobierno
que los nombró etc. Aunque don Benito no pudo recogerlo es menester referirse a
La Ley de Bases, de 22 de julio de 1918, acerca de la condición de los
funcionarios de la Administración Civil del Estado, conocida como Estatuto de
Maura (reinado de Alfonso XIII): Implantó la inamovilidad como forma de
garantizar su neutralidad, imparcialidad e independencia frente a cualquier
influencia de intereses partidistas (“los funcionarios técnicos y auxiliares no
podrán ser declarados cesantes sino en virtud de expediente gubernativo, instruido
con audiencia del interesado, por faltas graves de moralidad, desobediencia o
reiterada negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo”).
El “espíritu” de la Reforma de Maura perdura todavía salvo
durante los primeros años de la dictadura franquista en que era necesario mostrar
la adhesión al Régimen. El ingreso en la Función Pública se rige por los
principios constitucionales de mérito y capacidad y dejando a un lado los
puesto de “confianza”, cualquier funcionario hace carrera con independencia de
su adscripción ideológica.
Y estas estábamos cuando las Comunidades Autónomas crearon su
propia Administración donde el clientelismo es práctica común (¿Y tú, por quién
has entrado?). Lo que nunca pude imaginar es que se volvería a una
Administración patrimonializada por el partido en Gobierno, tal y como sucede
en Cataluña. Lean:
XABI BARRENA / BARCELONA
JUEVES, 26 DE ENERO DEL 2017 - 13:06 CET
El Govern busca que el juicio a Artur Mas (y a Joana Ortega e
Irene Rigau) por el proceso participativo del 9-N se vea acompañado de una gran
movilización popular. Para ello, el Ejecutivo de Carles Puigdemont exhorta a
los propios funcionarios de la Generalitat a cogerse fiesta ese día, siguiendo
también las indicaciones de las entidades soberanistas. Este jueves ha quedado
patente que lo dicho por la 'consellera' de Governació, Meritxell Borras, en
días pasados, cuando tildó de "normal y necesario" que los
funcionarios se pidieran la libranza ese día, no fue lo que se conoce como un
calentón dialéctico. Borràs, en el Parlament y en el contexto de la esgrima
parlamentaria, se reafirmó en lo aseverado.
La 'consellera' y el diputado de Ciutadans José María
Espejo-Saavedra, han protagonizado un choque en el Parlament en el que ambos se
han acusado de usar a los funcionarios como "arma política".
"¿No le da vergüenza decir que nosotros utilizamos a los
funcionarios como herramienta política, después de afirmar que encontraría
normal que se pidan fiesta para acompañar a Mas?, ha clamado el parlamentario
de Ciutadans. En su turno de réplica, la 'consellera' ha sido contundente al
afirmar: "¿Vergüenza?. Ninguna, al contrario".
Si quedaba alguna duda acerca de si lo expresado por Borràs
era una mera opinión personal, o bien una consigna del Govern, la portavoz y
'consellera' de Presidència, Neus Munté, en los pasillos de la Cámara catalana,
ha sancionado que ve "normal" la eventual libranza funcionarial.
UN JUICIO POLÍTICO
Munté ha añadido que "en ningún caso" el Govern
está pidiendo que los trabajadores públicos hagan fiesta, aunque ha aseverado
que estaba "de acuerdo" con Borràs en que "es normal que haya
funcionarios que, en el uso de su libertad individual", opten por pedir
librar, porque lo que sucederá el 6 de febrero "es un hecho muy
grave": "Es el inicio de un juicio político", ha apostillado.
El resto de la oposición también se ha dejado oír en el
Parlament. Así, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha acusado al
Govern de "coaccionar" a los funcionarios como en "regímenes
totalitarios" y "dictaduras del pasado", por lo que ha pedido a
Puigdemont que desautorice a su 'consellera' de Governació. Y el PSC ha
preguntado, por escrito y entre otras cuestiones, al Govern si abrirá un registro
de quién se coge fiesta y quién no entre el funcionariado catalán.
Esperemos que no sigan la llamada todos los funcionarios
(Prisiones, Mossos, Sanitarios, docentes etc) ya que el caos sería morrocotudo.
En cualquier caso, la pregunta es obvia ¿Quién tiene pelotas de negarse a tomar
un “Moscoso” (asuntos propios) cuando el Jefe le pregunte al respecto? La
asistencia será masiva, sobre todo si se programa con una calçotada “gratis
total” y de paso tendrá una lista de desafectos al Régimen. La otra pregunta es
¿Asistirá el exsenador Vidal?
Fascismo en estado puro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario