Sin duda alguna la sentencia que recaiga en los autos promovidos por el Recurso de Inconstitucionalidad deducido pòr el Partido Popular y otros contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña recogerá un pronunciamiento sobre el artículo 6 que contempla la obligación de los ciudadanos de Cataluña de conocer -y por ende hablar- la lengua catalana.
Legislar careciendo de fuerza para imponer el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de las normas es un contraproducente brindis al sol de consecuencias imprevisibles en la mayoría de los casos y este es el caso del precepto que nos ocupa, precepto de corto recorrido ya que la sentencia de referencia lo anulará y bien anulado sea. ¿Qué nos quedará? sin duda un amargo regusto y un rescoldo de indignación ante el fallido intento de los nacionalistas de toda laya de imponer sus puntos de vista contra la mayoría de la ciudadanía -piénsese en los resultados de los referenda independentistas-. Cabe preguntar el cómo serian los procedimientos para llevar a cabo la obligación de hablar el catalán por parte de aquellos ciudadanos que no lo conocen, ¿se verían privados de los servicios públicos, por ejemplo? Tamaña sandez sólo cabe en una mente estúpida. ¿acaso imponiendo sanciones pecuniarias como sucede con la rotulación de los establecimientos mercantiles? Imposible. ¿La obligación se extendería a los recien llegados o únicamente a aquellos recalcitrantes que nada quien saber con la lengua de Pompeu Fabra?
Celebremos la anulación del controvertido artículo y hagamos un llamamiento para que la concordia y la tolerancia imperen en la convulsa sociedad en que nos ha tocado vivir. Así sea.
Legislar careciendo de fuerza para imponer el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de las normas es un contraproducente brindis al sol de consecuencias imprevisibles en la mayoría de los casos y este es el caso del precepto que nos ocupa, precepto de corto recorrido ya que la sentencia de referencia lo anulará y bien anulado sea. ¿Qué nos quedará? sin duda un amargo regusto y un rescoldo de indignación ante el fallido intento de los nacionalistas de toda laya de imponer sus puntos de vista contra la mayoría de la ciudadanía -piénsese en los resultados de los referenda independentistas-. Cabe preguntar el cómo serian los procedimientos para llevar a cabo la obligación de hablar el catalán por parte de aquellos ciudadanos que no lo conocen, ¿se verían privados de los servicios públicos, por ejemplo? Tamaña sandez sólo cabe en una mente estúpida. ¿acaso imponiendo sanciones pecuniarias como sucede con la rotulación de los establecimientos mercantiles? Imposible. ¿La obligación se extendería a los recien llegados o únicamente a aquellos recalcitrantes que nada quien saber con la lengua de Pompeu Fabra?
Celebremos la anulación del controvertido artículo y hagamos un llamamiento para que la concordia y la tolerancia imperen en la convulsa sociedad en que nos ha tocado vivir. Así sea.
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