Uno de los grupúculos en que se divide la extrema derecha española, Falange, ha interpuesto una querella criminal por prevaricación al Juez Baltasar Garzón por iniciar una causa general sobre los crímenes del franquismo, crímenes en los cuales participaron de forma activa miembros de Falange. Mucho se está escribiendo sobre la cuestión y en su momento dedicaré una "entrada" a los aspectos jurídicos de la cuestión. Hoy me quiero referir al problema de la inactividad incomprensible del Gobierno, inactividad de la que trae causa el que Falange haya podido formular la querella.
Sabido es que en España, en materia de garantías jurídicas nos la cogemos con papel de fumar (sostenella y no menealla que dice un querido amigo). Únicamente de esta manera se entiende que ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado hayan procedido a iniciar los tramites de ilegalización de Falange ante la Sala del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la L.O.P.J. No nos cabe duda que ese nido de fascistas tiene una actividad, estatutariamente regulada, subsumible en el articulo 9.2.a) de la Ley 6/2002 de 27 de junio de Partidos Políticos ya que la dicha actividad vulnera los principios democráticos, trata de destruir el régimen de libertades y eliminar el sistema democrático. Ahora no cuentan con un ejercito golpista que les abra camino y posibilite su toma del poder.
La República Federal Alemana, en su Constitución, contempla la prohibición de autorizar la creación de partidos nazis, de extrema derecha y otros paises recogen el supuesto sin que sus credenciales democráticas sufran merma alguna. Póngase en marcha el procedimiento para expulsar del estado de derecho social y democrático a sus enemigos y no tendremos que arrepentirnos más tarde.
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